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Hemos conseguido que la presión llegue hasta El Parlamento Europeo que ha aprobado por 361 votos a favor, 16 en contra y 181 abstenciones una resolución que cuestiona la implantación de los estripcontroles en los aeropuertos europeos. Entre otras cuestiones, el documentos afirma:

Considerando que no se ha promovido un debate amplio, transparente y abierto con participación de los pasajeros, las partes interesadas y las instituciones a nivel nacional y comunitario sobre un asunto sumamente delicado que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos,

1.  Considera que aún no se cumplen las condiciones para una decisión, ya que aún falta información esencial, y pide a la Comisión que, antes de que venza el plazo de tres meses:

–    lleve a cabo una evaluación del impacto sobre los derechos fundamentales,
–    consulte al Supervisor Europeo de Protección de Datos, al Grupo de trabajo del artículo 29 y a la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales;
–    lleve a cabo una evaluación científica y médica sobre las posibles repercusiones para la salud de esas tecnologías;
–    lleve a cabo una evaluación sobre el impacto económico, comercial y en términos de coste-beneficio;

2.   Considera que este proyecto de medida podría exceder las competencias de ejecución previstas en el instrumento de base, ya que las medidas previstas no se pueden considerar como meras medidas técnicas relacionadas con la seguridad aérea, sino que tienen un impacto serio sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos;

3.  Considera, en este sentido, que todas las medidas en materia de seguridad aérea, incluido el uso de escáneres corporales, deben respetar el principio de proporcionalidad, justificado y necesario en una sociedad democrática, y pide, por lo tanto, al Supervisor Europeo de Protección de Datos, al Grupo de trabajo del artículo 29 y a la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales que, con carácter de urgencia, emitan un dictamen sobre los escáneres corporales a más tardar a principios de noviembre de 2008;

En el plazo de 3 meses, la Comisión Europea debe presentar una evaluación del impacto que tendría esta técnica de control sobre los derechos fundamentales, además de un estudio científico y médico sobre las posibles consecuencias en la salud

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